EL PARO


Por Roberto Samur Esguerra

Por supuesto que el pueblo tiene derecho a manifestarse de manera civilizada para llamar la atención del Estado acerca de los innumerables problemas que lo aquejan. Es lo menos que puede concedérsele a una nación agobiada por problemas históricos y estructurales, heredados sin beneficio de inventario, si basta con recordar quiénes han sido nuestros presidentes en los últimos cincuenta años, en los que hemos visto sentarse en el solio de Bolívar a cuantos improvisados políticos han logrado encaramarse en ese curubito.

Lo que no se entiende es que esas manifestaciones se encaminen a cuestionar a una sola de las ramas del poder público, en este caso al gobierno, si la mayoría de los problemas por los que se protesta, provienen de la ineficacia del sistema y de la corrupción que ahoga a todas las instituciones, llámese Congreso, cortes de Justicia, organismos de control, dirigencia sindical, gremios de la producción y demás entidades públicas y privadas que tienen que ver en su conjunto con la suerte del país, y que actúan constitucionalmente con independencia. Sin olvidar la crisis de los partidos políticos, dedicados a chantajear al gobierno para cambiar prebendas burocráticas y económicas por apoyos en el proceso legislativo, demostrado ahora con la oposición sistemática a los proyectos del gobierno y con la lluvia de mociones de censura que anuncian sin sonrojarse.

Sin contar con la independencia de los gobernantes regionales y locales respecto del Presidente, lograda y malentendida con su elección popular, que vino a desvirtuar la necesaria unidad administrativa y jerárquica que antes existía para poder exigirle al gobierno nacional la responsabilidad por la conducta y resultados de quienes eran sus agentes directos en los departamentos y municipios.

La buena marcha de un país no es de la competencia exclusiva del Presidente de la República, más aun en los regímenes democráticos, donde las decisiones deben estar ajustadas siempre al imperio de la ley. Sí, de la ley, esa que se hace en el Congreso y con otros nombres en las Asambleas y Concejos. Y las que dependen de la justicia, si es que así puede llamársele a lo que aquí tenemos, con escándalos diarios de corrupción, improvisación y ausencia de sindéresis en los encargados de administrarla.

Pero, entonces, las protestas sólo se dirigen contra un gobierno que apenas cumple quince meses de ejercicio, durante los cuales ha enfrentado situaciones crónicas y emergentes. ¿Cómo le parece?

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